Hoy los socialistas estamos firmemente comprometidos con la laicidad que la Constitución Española otorga al Estado español (CE 16). La laicidad constitucional, fruto de un pacto entre los españoles, no es una propuesta para la confrontación sino para garantizar las libertades y para construir la convivencia de una ciudadanía plural en valores y creencias.

Con todo, 30 años no son nada, apenas una generación. La consolidación de la laicidad del Estado sólo será posible con el paso de las generaciones y los cambios culturales concomitantes. Hay todavía retos pendientes. En primer lugar, la necesidad de construir y educar a las generaciones jóvenes en una ética pública cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales y la declaración universal de los derechos humanos. Segundo, el desafío de crear una cultura pública laica y prácticas de ciudadanía basadas en la tolerancia activa y la deliberación, sin exclusiones ni pretensiones impositivas. Tercero, la consolidación de unas relaciones de cooperación apropiadas, caracterizadas por la igualdad y no discriminación con las diferentes confesiones religiosas. En cuarto lugar la igualdad ante el Estado de ciudadanos y asociaciones cuya libertad religiosa y de conciencia se expresa en orientaciones laicas, no específicamente religiosas. En último término, la desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las Instituciones públicas, como es el caso de símbolos religiosos en los espacios públicos. Todo ello de acuerdo al sentir general de la ciudadanía, pues no es propósito de los socialistas actuar por imperativo legal sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española.

En la respuesta a estos retos los socialistas a lo largo de la legislatura pasada hemos conseguido significativos avances como son:

- la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el currículo educativo

- la propuesta de Alianza de Civilizaciones frente a la violencia y el fundamentalismo

- el reconocimiento del matrimonio homosexual como extensión de derechos en un ejercicio de soberanía democrática

- la agilización de los trámites para el divorcio

- el avance en la investigación biomédica

- la creación e impulso de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la financiación de actividades de las confesiones religiosas llamadas minoritarias

- el diálogo y acuerdo con la enseñanza concertada católica sobre la Ley Orgánica de Educación

- la eliminación de la partida presupuestaria directa para la financiación de la Iglesia católica, que data de 1840, y la propuesta acordada de una fórmula –detracción del IRPF– basada en la libre elección de los ciudadanos

Con todo, el logro más importante ha sido el de la aprobación de leyes fundadas en la moral pública y la soberanía de las instituciones que en democracia representan legítimamente a los ciudadanos. Las religiones tienen sin duda un lugar en la deliberación democrática pero también límites, no tienen derecho a hacer leyes, y su deber, una vez aprobadas, es cumplirlas.

Para la presente legislatura, en aras de la convivencia en una sociedad democrática, nos comprometemos a apoyar la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR 7/1980). La consolidación de nuestra democracia posibilita y demanda nuevos pasos en la regulación del derecho de libertad religiosa y de todo lo que la acompaña. La diversidad cultural de la actual sociedad española ha incrementado el pluralismo de opciones ante lo religioso. Es necesaria una nueva ley que contemple en toda su amplitud esa realidad plural para regular sin discriminaciones los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades de conciencia, de asociación, de expresión, etc., en lo que afecta a la pertenencia a comunidades religiosas. Es indispensable una legislación que establezca nuevos criterios para la colaboración de las confesiones religiosas con las administraciones públicas, procurando un trato igualitario para todas, sin privilegios confesionales. Esa reforma debe abordar también la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas en los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado. El mandato constitucional de Aconfesionalidad así lo exige. Al acometer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa hay que llevarla en coherencia con el principio de laicidad que debe acompañar a una democracia constitucional, persiguiéndose el objetivo de profundizar en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.

La reforma de la LOLR es un instrumento necesario de una política religiosa que es una palanca clave para afrontar el hecho de la inmigración y las transformaciones que implica en la configuración futura de la sociedad española. Es esencial para la seguridad, para la integración social y en último término para construir una nueva idea de ciudadanía más universal e incluyente. Ofrecerá el marco adecuado sobre el papel de las creencias en la sociedad democrática. Todo ello desde la convicción sobre la necesidad del concurso de todos, actores laicos y religiosos, en orden a afrontar los desafíos de la pobreza y el hambre en el mundo, unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la paz, la exclusión social y la precariedad laboral en las sociedades desarrolladas, la solidaridad con las situaciones de dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia intercultural en el seno de nuestras sociedades, una ciudadanía activa, crítica y solidaria y un nuevo modelo de desarrollo más ecológico y sostenible, entre otros.

La Iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el Partido Socialista, debe ser consciente de que el inciso final del Art. 16.3 de la constitución Española no otorga prevalencia de derechos y no es razón para privilegios ni puede significar limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado.

En definitiva nuestro propósito no es otro que avanzar en la laicidad constitucional que se sustancia en cuatro principios de acción política: la libertad religiosa y de conciencia; la igualdad de trato y no discriminación del Estado; la separación entre Estado y cualquier confesión religiosa; y la cooperación con las confesiones religiosas teniendo en cuenta las creencias religiosas de los españoles”.