Así es y así parece: si usted ha tenido la ‘suerte’ de merecer una medalla al Mérito Civil, o al Mérito Militar, concedidas tanto a personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a personal civil del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, pague primero la medalla y luego se la impondrá el presidente. Total, sólo le costará 115 euros… si es de plata, porque la de oro le podría salir por un riñón. Y no es broma. Son las nuevas normas de ‘austeridad’ que se viven en la ‘residencia y oficinas’ de Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

La cosa no tiene desperdicio: en el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno se va a proceder a la condecoración de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), conjuntamente en un acto que organiza el Departamento de Seguridad y que este año se desarrollará a las 13.00 horas del próximo 6 de octubre.

Hasta ahí, normal, ya que las condecoraciones que se van a imponer, tanto las correspondientes a las de ámbito policial (Cruces Rojas o Blancas) para la Policía como las de la Guardia Civil son sufragadas por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil.

Pero el chiste viene ahora: en el caso de aquellas otras condecoraciones que el Departamento solicitó a otros Ministerios, como pueden ser las de plata al Mérito Civil o al Mérito Militar, y que han sido concedidas tanto a personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a personal civil del Departamento de Seguridad, deben ser adquiridas por el condecorado si desea que el presidente del Gobierno se las imponga (sic, sí).

Es la primera vez que este hecho se produce, nos dicen los citados medios policiales, y parece que está basado -según la comunicación del responsable del Departamento de Seguridad a los ‘(des)agraciados’-, como consecuencia de la “reducción de gasto”, ya que en años anteriores su coste lo sufragaba el Departamento solicitante.

Claro, que hay que tener en cuenta que este tipo de condecoraciones, las no policiales, son concedidas a diferentes personalidades y funcionarios del citado Departamento, y sirva como ejemplo el que le ha sido concedida la Gran Cruz al Mérito Civil al anterior Subdirector del Departamento, destinado en la Embajada Española en Washington desde el pasado día 1 de septiembre. ¿La tendrá que pagar él también? ¿Y el resto de funcionarios civiles? o ¿Tendrán que pagársela sólo los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil? No, si la cosa tiene tela…

Se produce así la paradoja de que funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo, policías o guardias, que serán condecorados en un mismo acto y por el presidente del Gobierno, a unos les habrán sufragado su condecoración y otros tendrán que pagarla de su bolsillo (en Diariocrítico les podemos facilitar la dirección de una tienda para comprarlas: al lado de la Plaza Mayor de Madrid por el módico precio de 115 euros/unidad en el caso de la plata. En oro, mejor no preguntar).

Ahora bien, nos dicen esos medios policiales que, en la misma línea de contención del gasto, se ha suprimido el “vino” que se ofrecía con posterioridad a la imposición de condecoraciones a los asistentes al acto, tanto a los condecorados como a familiares e invitados. Pero nuestras fuentes aquí fallan un poquito, porque parece ser que sí habrá una “pequeña” celebración para un grupo reducido de asistentes. ¿Se imaginan quiénes pueden ser?… Exacto. Los demás, que se lleven el botijo.

El penalista y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Gómez Benítez, fue ‘otro’ de los hombres que, junto con Eguiguren y Moscoso, negoció con ETA durante el proceso de paz en la pasada Legislatura. El nombre de Gómez Benítez está confirmado no sólo como ‘representante en nombre del Gobierno’, sino como quien rompió las conversaciones en la primavera de 2007 con un durísimo enfrentamiento verbal –que casi derivó en pelea física- con el etarra Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, y que supuso el final de las negociaciones con la banda terrorista. En ese proceso también tuvo algún tipo de participación el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Siga leyendo esta información en Diariocritico, porque no tiene desperdicio.

Si ‘empuran’ a guardias civiles por manifestarse contra el ministro Pérez Rubalca, que ‘empuren’ al teniente general Director Adjunto Operativo (DAO), José Manuel García Varela, por hacer ‘propaganda política’ en el seno de la Institución. Es, en síntesis, el resumen de la denuncia disciplinaria que el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Alberto Moya, ha interpuesto contra el ‘segundo’ de la Guardia Civil.

En serio, en serio, que los beneméritos están francamente en guerra…

La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, ha aprobado por fin la manifestación convocada conjuntamente por todos los sindicatos policiales para el sábado 18 de octubre en Madrid, ya que, según oficio de fecha 9 de octubre, “la referida convocatoria no está incursa en el supuesto de prohibición previsto en la normativa reguladora del derecho de reunión”. Pero, ojo, que hay ‘truco’: avisa la intrépida delegada  de que no vayan guardias civiles, porque Rubalcaba podría poner en marcha la máquina de abrir expedientes.

Los sindicatos policiales ya han respondido al Ministerio del Interior: es la guerra.

Datos oficiales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación
Con fecha 24 de marzo de 2008

Expedientes de expulsión incoados en 2006
En Madrid: 3.436
En el total nacional: 48.857

Expedientes de expulsión incoados en 2007
En Madrid: 6.054
En el total nacional: 45.714

Expulsiones ejecutadas en 2006
En Madrid: 1.134, el 33 %
En el total nacional: 11.373, el 23,2 %

Expulsiones ejecutadas en 2007
En Madrid: 1.020, el 16,8 %
En el total nacional: 9.538, el 20,8 %

El semanario ‘La Voz del Tajo’, así como su propio director, Alberto Retana Beltrán, han sido reprobados por la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones Periodísticas de España (FAPE), organismo que agrupa a todas las asociaciones de prensa españolas. Retana reveló a un capitán de la Guardia Civil la identidad de dos guardias que –según la versión de esta persona-  le habían informado sobre la emisión de certificados falsos de radar por el Subsector de Tráfico de Toledo. La FAPE avisa a los periodistas que con actitudes como la de Retana los medios de comunicación pueden ver “cegadas” sus fuentes informativas.

Así ha respondido la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE a la queja formulada el pasado 7 de junio de 2007 por Pedro G. Díaz, presidente de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC), contra Alberto Retana Beltrán, director del Semanario ‘La Voz del Tajo’, al que acusaba de “falta muy grave” por revelar a los superiores jerárquicos de la Guardia Civil la identidad de dos guardias como fuentes de la información publicada en el citado semanario, de Toledo, con el titular: “La Guardia Civil de Toledo expide certificación de radar falsos”. Todo ello “en base a los artículos 10, 20 y demás del Código Deontológico que debe regir su profesión”.

Según la Resolución 2008/21 de la FAPE, “la revelación de las fuentes sin base en argumentos periodísticos que lo justifiquen no era necesaria ni imprescindible para la veracidad de la información“. Asimismo, considera que el descubrimiento de la identidad de los guardias civiles afectados “les ha podido causar daños y perjuicios como fuentes y personas informantes”. Termina citando un principio de la profesión periodística: “Fuentes desveladas fuentes cegadas”.

Según esa resolución -adoptada el 6 de marzo de 2008 y notificada a la UPGC el pasado día 12 de marzo-, a la vista de los hechos y razonamientos de la ponencia “se entiende que el Director de ‘La voz del Tajo’, Alberto Retana, si bien no vulneró directamente el artículo 10 del código deontológico de la FAPE al no constar haberse solicitado el anonimato de sus fuentes, ni el artículo 20 del mismo, ya que no consta su actuación en beneficio propio, efectúo sin embargo la revelación de sus fuentes sin base en argumentos periodísticos que lo justifiquen y que no era necesaria ni imprescindible para la veracidad de la información, que es la exigencia más importante de los deberes deontológicos del periodista”. Es decir, que el máximo órgano periodístico condena sin paliativos lo que aprece una actitud anti-ética de una publicación y la de su propio director para aviso de las fuentes informantes y de los propios profesionales de los medios de comunicación.

Los hechos que han dado lugar a tan grave reprobación por el órgano de autorregulación de los periodistas se remontan a principios de 2007, cuando, supuestamente, dos guardias civiles del Destacamento de Tráfico de Talavera de la Reina  informaron a Alberto Retana de la existencia de posibles  certificados falsos de cursos de radar emitidos por el Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de  Toledo. El semanario ‘La Voz del Tajo’, del que Retana es director, publicó la información bajo el título: “La Guardia Civil de Toledo expide certificados de radar falsos”, adjuntando reproducción de las pruebas, junto al comunicado de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC) al respecto.

Pese a que las fuentes de información son secretas –una de las máximas deontológicas de todos los periodistas-, Alberto Retana, en el transcurso de una cena con el capitán, desveló al mando de la Guardia Civil el nombre y la identidad de las fuentes, faltando a su compromiso ético como periodista, según considera probada en su reprobación la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2007, el Capitán de la Guardia Civil comunicó el nombre e identidad de las fuentes a la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, quien abrió expediente interno disciplinario a los guardias civiles supuestamente informantes el 30 de marzo. El director de ‘La Voz del Tajo’ se personó en el expediente citado por la Guardia Civil el 29 de mayo, a las 11.10 horas, donde confirmó el nombre e identidad de las fuentes. Ese mismo día el capitán se personó en el expediente a las 12.15 horas con la misma confirmación.

La FAPE señala al respecto: “El director del periódico desveló sus fuentes antes de la citación por la Dirección General de la Guardia Civil el 29 de mayo y, por tanto, no fue el resultado de una ‘implacable reacción frente a la demanda’. También es cierto que indicó el nombre de una de las fuentes y las características de la otra y que, por tanto, podían ser identificadas de acuerdo con el documento 4 del demandante”.

Añade la FAPE: “Está probado por tanto que el director del periódico desveló sus fuentes voluntaria y libremente en un encuentro privado con el Capitán de la Guardia Civil en el mes de Marzo como se refleja en el documento 4 del demandante, lo que dio lugar posteriormente a la apertura del expediente, tal como se indica en el documento número 1 del demandante, el 30 de marzo de 2007. Por tanto se realizó esta revelación sin que hubiese ninguna demanda oficial por parte de la Dirección General de la Guardia Civil al director del periódico, lo que se hizo posteriormente el 29 de mayo al ser citado oficialmente el director del periódico en el expediente, como también se reconoce en el documento número 4 del demandante, donde se ratifica por el director del periódico el encuentro privado y la revelación de las fuentes en aquella fecha anterior”.

Como resultado de esa mala praxis profesional por parte de Alberto Retana y del semanario ‘La Voz del Tajo’, los guardias civiles han sido apartado del servicio. Así lo reconoce la FAPE en su resolución 2008/21: “Hay que considerar en relación con los guardias civiles afectados que el descubrimiento innecesario de sus nombres les ha podido causar daños y perjuicios como fuentes y personas informantes”.

La FAPE añade al respecto que “el desvelar de forma innecesaria las fuentes va en contra de los principios de la buena práctica del periodismo y puede disuadir en el futuro a posibles informantes de convertirse en fuentes de informaciones que, siempre que sean verídicas y obtenidas lícitamente, son imprescindibles para el ejercicio de la profesión periodística y para el derecho a la información de los ciudadanos, ya que como señala un principio de la profesión periodística: ‘Fuentes desveladas fuentes cegadas’”.

En tal sentido, la UPGC ha hecho un llamamiento a los profesionales de los medios de comunicación, en su mayor parte excelentes profesionales y defensores a ultranza de la ética y de la deontología profesional, para que rechacen actitudes anti-éticas como la de Alberto Retana y ‘La Voz del Tajo’, que pueden poner en peligro la propia misión informativa de los medios, ya que posibles informantes pueden cuestionarse hablar con periodistas si éstos no cumplen con la exigencia del secreto profesional.

Según UPGC, es lamentable que actitudes aisladas como la de Alberto Retana y ‘La voz del Tajo’ pongan en peligro, no sólo las relaciones informativas entre los medios y sus fuentes, sino la lucha de todo el colectivo periodístico por mantener derechos irrenunciables en su profesión como el secreto de las fuentes informativas.

 Ya es sabido: cuando se celebran unas elecciones del tipo que sea, todos ganan; es decir, que nadie parece haber perdido. Los resultados electorales, pues, parecen tener en sí mismos esa capacidad de pura autocomplacencia y de autoengaño electoral. Pero los resultados son los que son, a ellos se ha llegado como se haya llegado y sólo caben ya análisis certeros de corrección de tiro o de analizar problemáticas inmediatas.

 El miércoles 16 de mayo se celebraron elecciones en el Cuerpo Nacional de Policía para elegir a los 14 vocales del Consejo de Policía. Ya conocemos, y doy por reproducidas, las denuncias sobre la guerra sucia que ha habido en esta campaña electoral sindical. Ha sido guerra sucísima, incomprensible, bastarda. Si nunca los fines justifican los medios, mucho menos a la hora de enfrentarse en las urnas para obtener una cuota de poder que a la postre puede resultar indigna. Pero había ‘razones’ para que determinadas organizaciones echaran –literalmente- el resto con el fin exclusivo de intentar –y repito lo de intentar- derribar al principal e histórico sindicato policial: el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

 La pelea ha sido, en realidad, entre tres fuerzas sindicales: el SUP, por un lado, contra la coalición electoral formada por la Confederación Española de Policía (CEP, de tendencia más bien extremista) y la Unión Federal de Policía (UFP, correa de transmisión en la Policía, curiosamente, del sindicato socialista UGT). Ni que decir tiene que el SUP no solamente era mayoritario en número de afiliados –en torno a los 30.000 de los 70.000 que aproximadamente hay en el Cuerpo-, sino también mayoritario en el Consejo de Policía resultante de las elecciones de 2003.

 En la campaña ha habido de todo, pero lo que parece increíble, a la hora de realizar un análisis de urgencia, es que en policías del siglo XXI haya podido calar el mensaje de uno de los contendientes –mensaje aumentado, es cierto, por sus corifeos mediáticos- sobre que los actuales dirigentes del SUP –léase Fornet a la cabeza- son ‘amigos’ o ‘simpatizantes’ o están a favor de los etarras, del asesino De Juana Chaos y algunas mangancias más.

 Y en la jornada electoral, por haber también ha habido, según denuncias que nos constan, hasta compra de votos por regalo. Es decir, torcer voluntades más frágiles que el cristal por un déme usted un algo a cambio. Que se daba. Que lo sé.

 Bien. Ése era el esquema general. Pero, ¿qué ha ocurrido en las elecciones? Si analizamos los resultados de forma fría vemos que, efectivamente, la coalición CEP-UFP ha sacado más votos –unos 2.000 en total- que el SUP, lo que se traduce de forma global en dos vocales más en el Consejo. Pero el SUP ha mantenido tan bien el tipo, que incluso conserva lo que tenía en 2003, lo que le sigue convirtiendo, efectivamente, en el sindicato mayoritario –más votado como fuerza individual- en la Policía. Además, la coalición CEP-UFP lo ha sido sólo a título electoral, lo que quiere decir que no tiene continuidad en el tiempo y los resultados globales obtenidos en el Consejo –superiores en dos vocales al SUP- van a ir luego repartidos entre una y otra formación. Ha sido, por tanto, una coalición coyuntural. Es la primera lectura.

 Segunda lectura y tremendamente preocupante: como es sabido, la CEP defiende la ‘teoría conspiración’ en el 11-M codo a codo con los ‘Peones Negros’ y otras organizaciones de similar cariz. Sostienen la teoría de que la Policía está ‘pisada’ -por decirlo suavemente- por los delincuentes y excesivamente, sobrepasada por los acontecimientos y demasiado edulcorada respecto al faltón de las leyes. No es que defiendan a foro abierto que se debe actuar como los Mossos d’Esquadra que han sido grabados hostiando –literal y vulgarmente- a detenidos en dependencias policiales. Pero, bueno, no falta quien piensa que un par de tortas, al menos, dadas a tiempo valen más que unas buenas palabras.

 Y, en ese sentido, es muy preocupante, insisto, el alto número de votos de profesores de la Academia de Policía de Ávila que han ido a la CEP: casi el doble que al SUP, que defiende formas que a los otros deben parecer como mínimo ‘amaneradas’. De los votos emitidos en Ávila, 51 fueron para el Sindicato Profesional de Policía (SPP, conservadores, pero moderados y, sobre todo, muy profesionales), 49 para la CEP y 22 para el SUP.

 Si esos profesores policiales –que son los que tienen que enseñar a los nuevos policías las formas, las maneras, los derechos, los comportamientos…- siguen, como pudiera desprenderse de lo anterior, la teoría del palo y tente tieso, ¿qué clase de Policía estamos formando? ¿Qué clase de uniformados van a ‘apatrullar’ la calle en los próximos años?

Han sido necesarios tres años para que el Gobierno de Zapatero cumpliera dos de sus más conflictivas propuestas electorales: cambiar el régimen disciplinario de la Guardia Civil y permitir a los ‘picoletos’ que puedan tener asociaciones realmente representativas en el Cuerpo. Parece mucho tiempo, cuando ese mismo Gobierno ha arrostrado una serie de cambios revolucionarios, y por lo mismo polémicos, en el Estado español. Pero habría que decir en este punto que es la primera vez que un Gobierno se atreve a meter mano en ese Cuerpo de fajines y cornetas (el otro Cuerpo uniformado y militarizado, el de los órganos, va por otro negociado).

Ha habido un tanto de osadía en el del talento, es innegable, y muchos ratos de negociaciones bajo cuerda -y hasta si me apuran de inclinar levemente la cerviz- para no tomar decisiones drásticas, tajantes, ya que debieron pensar los socialistas que sólo llevarían a una crispación aún mayor en un Cuerpo ya bastante crispado. Pero, claro, de tanto marear la perdiz se ha llegado al final a una componenda que no agrada ni a unos ni a otros.

Sin embargo, tras el aplauso por la innegable valentía, la crítica por la forma y el fondo. En cuanto a lo primero, la forma, el PSOE ha vuelto a dar pruebas de un determinado sectarismo excluyente que no beneficia en nada a la imagen del importante cambio que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. Empezaron bien, allá a principios de 2005, sentando en una misma mesa a las asociaciones más representativas del Cuerpo.

 Pero han acabado negociando sólo con dos: la mayoritaria AUGC –que fue la que le echó el órdago el 20 de enero y cuyo aún máximo dirigente, Perpinyà, llegó a declarar que él mandaba más que un general de la Guardia Civil- y la minoritaria Unión de Guardias Civiles (UGC), que parece que puede convertirse en correa de transmisión del sindicato UGT.

 La intencionalidad política del diputado Hernando, del secretario de Estado Zambrana y del propio Gobierno, en definitiva, es evidente al dejar fuera a otras asociaciones que, si bien son también minoritarias en el Cuerpo, hubieran dado un carácter plural al Ministerio que aún dirige el señor Rubalcaba. Y hablamos tanto de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC, gente toda en activo, menos uno, y gente seria) como de la propia Unión de Oficiales, amén de otras.

 En cuanto a lo segundo, el fondo, los socialistas no ha podido sustraerse a ese digamos ‘embrujo’ que tienen los generales, y más los de la Guardia Civil. Es cierto que los titulares de Defensa, Alonso, e Interior, Rubalcaba, han tenido que hacer auténtico encaje de bolillos para que el generalato conserve incólumes sus fajines y se siga distrayendo con su música de cornetas para que admitan determinados cambios en los derechos de los guardias sin sentirse amantes burlados.

 Ahí está la pega, o una de ellas: primero, en que la aplicación del Código Militar sigue vigente en misiones en el exterior, pero también en algunas en el interior, como en los servicios de cuartel. Ni AUGC ni UGC han conseguido la exclusión total, pero justo es reconocer que se ha ganado mucho.

 El otro quid de la cuestión se halla en la representatividad y en la proporcionalidad. Veamos: se va a crear un Consejo de la Guardia Civil igual que existe lo propio en el Cuerpo Nacional de Policía; un Consejo elegido en comicios específicos, pero con una representación predeterminada. En el proyecto gubernamental, la proporcionalidad del mando es desmesurada. Se trata, a juicio de algunas asociaciones, de que “lo que los generales no consigan con el ordeno y mando lo hagan por la vía del Consejo”. Bueno, serán generales, pero no son tontos.

En mayo no sólo hay elecciones municipales y autonómicas, sino también para el Consejo de la Policía, en el que tienen que elegirse 14 vocales entre los sindicatos policiales -hasta la fecha eran 12 representantes, pero a partir de mayo se eleva la cifra a esos 14-.

Esas elecciones en la Policía, que son más importantes de lo que parece dado que marcan con exactitud la correlación de fuerzas, está ya provocando ‘pactos antinatura’, como el acuerdo entre la Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación Española de Policías (CEP). Digo ‘antinatura’ porque la UFP es de tendencia ugetista, mientras que la CEP representa los intereses de la derecha policial más dura.

La razón de este pacto es desbancar al mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), de tendencia progresista. Lo que no se sabe aún es que la UFP y el SUP tenían firmado un preacuerdo electoral, el cual lo ha roto el máximo dirigente de la UFP, Carlos Fernando Vázquez Romay, por dos cuestiones, principalmente: primero, no estar de acuerdo con el reparto de cargos elegibles (José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, proponía que el número 1 en la lista fuera de este sindicato, el 2 para la UFP, el 3 y 4 para el SUP, el 5 para la UFP y así sucesivamente), y, segundo y más importante, porque Vázquez Romay exigía al SUP que para unirse, una vez celebradas las elecciones, se subiera la cuota mensual a los policías afiliados a ambas fuerzas de 10 a 12 euros.

Algo que el SUP ha considerado ‘claramente inmoral’ dado el bajo salario policial. El actual Consejo de la Policía está formado por 12 consejeros, repartidos de esta manera: en la escala básica, el SUP tiene 4 representantes frente a dos que tienen cada uno UFP y CEP; en subinspectores, hay 1 del SUP; en la escala ejecutiva hay dos del Sindicato Profesional de la Policía, y en la escala superior hay uno del sindicato de comisarios.