Nunca es tarde, pues, si la dicha es buena. De modo que el retraso con respecto a Francia y a Italia, que empezó a obrar igual que los galos un lustro después, puede irse acortando y remedando dentro de lo posible con dos acertadas iniciativas que ha fomentado el Consejo Superior de Deportes, a instancias del secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, y con el apoyo de los Ministerios de Cultura y Deportes y de Interior.

La primera de ellas fue la doble petición de ayuda del propio CSD dirigidas a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y a la Unión Ciclista Internacional (UCI). Se busca con ello otro doblete. Por un lado, que la Guardia Civil pueda presentar en su momento al juez indicios sólidos de que las sustancias que recetaba Fuentes y transfundía a la sangre de los implicados Batres, no sólo son nocivas para  la salud, sino que figuran en las listas prohibidas en todos los países que pertenecen a la AMA.

Y por otro, que con los datos que tiene en su poder la UCI, provenientes de análisis a ciclistas en ésta y otras temporadas, sean cotejados con los de las más de cien bolsas de sangre que poseía congeladas Batres en su laboratorio para inyectarlas después a los mismos a los que se les había extraído. Así se les podría implicar ya directamente con nombres y apellidos.

Y, ojo, se insiste, que pueden aparecer otros importantes deportistas ajenos al ciclismo –lo que extendería el fraude a otras especialidades- a los ya filtrados de los teóricos héroes de las dos ruedas. Como los españoles Óscar Sevilla, Ángel Vicioso y José Enrique Gutiérrez, recientemente segundo en el Giro (cuyo apodo de ‘Búfalo’ con el que es conocido figura en las conversaciones grabadas a Fuentes), el alemán  Jan Ullrrich, el colombiano Santiago Botero y puede que hasta el propio vencedor del Giro, el italiano Marino Basso.

La segunda iniciativa, y amucho más político/jurídica es la aceleracion en la tramitación en el Congreso del proyecto de ley antidopaje que aprobó el Consejo de Ministros del 17 de marzo. En este asunto, PSOE y Ejecutivo cuentan con el consenso de todos los grupos parlamentarios a fin de que el Pleno lo apruebe antes del 29 de junio. Así, y dado que julio y agosto son inhábiles –que bien viven los políticos-, en septiembre lo aprobaría el Senado y podría entrar en vigor días después.

Como es lógico, esta ley, muy dura con los que se dopan y todos los que lo inducen o favorecen, ya no se podrá aplicar a los ahora implicados, que serán juzgados por la blanda normativa anterior. Aun así, vayan o no a la cárcel, su desprestigio es tal que sus respectivas carreras como deportistas o médicos están prácticamente acabadas. Y, en cualquier caso, todas las medidas que se están tomando son un aviso a navegantes que no sólo nos igualan con los países de nuestro entorno, sino que aplican de una vez y de verdad de verdad de la buena la tolerancia cero. Amén.

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